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Expertos en "Inteligencia Preventiva"

Cómo afecta la prevención de riesgos de un trabajador en el resto del equipo: alcance y consecuencias

22 de Abril

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Noticias Sociedad de Prevención

Cómo afecta la prevención de riesgos de un trabajador en el resto del equipo: alcance y consecuencias

la prevención de riesgos de un trabajador en el resto del equipo
 
La participación de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales (PRL) no se circunscribe a que cada trabajador vele por su seguridad y salud, sino que se extiende a la del resto de los compañeros.
 

Obligación genérica.

Si se acude al Estatuto de los Trabajadores (ET) esta obligación puede ser tildada como genérica, por entenderse que descansa en la buena fe que debe mediar en toda relación laboral (artículo 5.b del ET). 

También porque los trabajadores tienen la obligación de ayudar a mejorar la productividad de la empresa (artículo 5.e del ET). No cabe duda de que los accidentes de trabajo (AT) o enfermedades profesionales (EP) afectan negativamente a la productividad y más cuando se podrían haber evitado por pronta actuación de algún compañero. 
 

Obligaciones específicas.

Si se acude a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) parece que la <<cosa va tomando color>>, pues su artículo 29 detalla o concreta, en cierto modo, el alcance de las obligaciones. 
 
Sin perjuicio de que podría realizado una regulación algo más pormenorizada, no se puede negar que el apartado 2 se especifican.
 
Nótese que el cumplimento de las obligaciones contenidas en el reseñado precepto no son absolutas. Están condicionadas por dos circunstancias.
 
La primera es la formación impartida al trabajador, de tal suerte que resulta lógico concluir que cuánto más y mejor formación reciba en mejores condiciones se encontrará para velar el cumplimiento de la prevención.
 
Es evidente que la formación debe ajustarse a lo dispuesto en el artículo 19 de la LPRL. En suma, debe guardar relación con los riesgos inherentes al puesto de trabajo, tener en cuenta las circunstancias especiales de los trabajadores, ser adecuada, suficiente, teórica, práctica, etc.
 
Por tanto, a priori, los trabajadores no tendrán la misma consideración o percepción de cómo o cuando se puede entender por cumplida la obligación.
 
La segunda de las circunstancias es que el cumplimiento se haga conforme a las indicaciones del empresario. Supone una ratificación del poder direccional y organizativo contenido en el artículo 20 del ET, pero también un elemento unificador de cómo se debe cumplir lo que marca el artículo 29 de la LPRL.
 

Especial mención a la obligación de informar inmediatamente del riesgo. 

De todas las obligaciones dispuestas en el artículo 29.2 de la LPRL, la del apartado 4º resulta de especial relevancia, pues claramente permite apreciar lo que se viene tratando hasta ahora (que la obligación del trabajador de participación en la prevención va más allá de su esfera personal).
 
En virtud del meritado apartado, se impone al trabajador la obligación de informar inmediatamente de la existencia de un riesgo. Medida, que se configura como eficaz para evitar que el riesgo se convierta en resultado.
 
Tal es la importancia de esta obligación, que el legislador no ha querido que el deber de información se limite únicamente a agentes internos (integrados en la empresa), sino también a agentes externos (relacionados con la empresa).
 
Respecto a los agentes internos, se señala al superior jerárquico directo y a los trabajadores designados para la protección de la PRL. Pues bien, no debe ser interpretado en sentido estricto, mientras sí en sentido amplio.
 
En efecto, sin perder de vista que la ratio de esta obligación (evitar a toda costa que el riesgo se transforme en resultado con independencia de quien sea el trabajador), carece de sentido que solo las personas referidas en el precepto sean las únicas autorizadas para ser informadas. Y, menos cuando en la organización personal pueden existir otras que están más capacitadas (técnicos del Servicio de Prevención Mancomunado o Propio o, miembros del Comité de Seguridad y Salud, etc.)
 
Además, en el día a día de la empresa es posible que el superior jerárquico superior o el trabajador designado no se encuentren operativos (vacaciones, Incapacidad Temporal, etc.) Si ello sucediera y se interpretase la obligación del apartado 4º en sentido estricto, ¿habría que esperar a que se reincorporasen para informarles de un riesgo? De ser la respuesta afirmativa, ¿la información no dejaría ser inmediata?
 
Respecto a los agentes externos, la norma alude al servicio de prevención y nada hace pensar que no sea un ajeno.
 
El Servicio de Prevención Ajeno es un órgano asesor externo. No tiene capacidad de decisión sobre la empresa y menos sobre los trabajadores de éstos. Sí tiene la capacidad de indicar a la empresa que debe hacer para evitar el riesgo comunicado por el trabajador.
 
En los últimos años las empresas vienen implantando códigos y políticas de conductas que son de obligado cumplido para cualquier tercero que mantenga cualquier tipo de relación contractual (proveedores, clientes, etc.). En estos documentos se suele establecer la obligación de informar a la empresa de la existencia de un riesgo para la salud y seguridad de los trabajadores. 
 

Destacadas consecuencias por el incumplimiento.

No es baladí el incumplimiento de las obligaciones contenidas en el artículo 29.2 de la LPRL. Y no lo es, porque expresamente la infracción es considerada legalmente como incumplimiento laboral y, por consiguiente, merecedor de sanción disciplinaria1
 
Todo ello, claro está, sin descartar que el trabajador pueda ser responsable penalmente por la comisión de un delito de lesiones o, incluso, homicidio si se produjera un accidente de trabajo o enfermedad profesional.
 
Autor: Ignacio González Plaza, Socio de ADLER ABOGADOS (adlerabogados.es) y Asesor Legal PS Sociedad de Prevención.
 
 
1 Sentencia nº 5388/2015 de 22 septiembre de la Sala de lo Social del TSJ de Cataluña (RSU: 2993/2015), Sentencia nº 1676/2011 de 14 de diciembre de la Sala de lo Social del TSJ de Castilla y León, sede de Valladolid (RSU: 1676/2011) y Sentencia nº 1666/2007 de 2 mayo de la Sala de lo Social del TSJ de la Comunidad Valenciana (RSU: 620/2007), entre otras.
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