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PINCELADAS SOBRE LA RESPONSABILIDAD CIVIL DEL EMPRESARIO EN LOS CASOS DE LOS DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

01 de Julio

La trascendencia de la normativa penal en el ordenamiento jurídico español se hace más patente (aún si cabe) no solo por la importancia de los bienes jurídicos que tutela sino también por dilucidar cuestiones que se apartan de aspectos me-ramente penales. ... >> Ver Más

 
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Noticias Sociedad de Prevención

PINCELADAS SOBRE LA RESPONSABILIDAD CIVIL DEL EMPRESARIO EN LOS CASOS DE LOS DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

La trascendencia de la normativa penal en el ordenamiento jurídico español se hace más patente (aún si cabe) no solo por la importancia de los bienes jurídicos que tutela sino también por dilucidar cuestiones que se apartan de aspectos meramente penales.
 
En efecto, los órganos judiciales encargados de ejercer el poder punitivo del Estado no solo se limitan a imponer penas, sino que su competencia es mucha am-plia.
 
Y más concretamente, no solo se tratan de imponer penas como pueden ser la privación de libertad o la inhabilitación para el ejercicio de la profesión, sino que además resuelven sobre la procedencia de la responsabilidad civil (RC) que nace del daño ocasionado por la comisión del ilícito penal.
 
El Código Penal es claro: Posibilita (que no obliga) que se ejercite conjuntamente en el procedimiento penal la acción penal y la acción civil1.
 
La RC ejercitada en la jurisdicción penal tiene la misma finalidad que la ejercitada en un procedimiento civil o social. En este sentido, pretende indemnizar al perjudicado por los daños materiales y morales2 ocasionados (daño emergente, lucro cesante, daño moral, daño psíquico, etc.), restituir el daño producido o, en caso contrario, repararlo.
  • Necesidad que manifestar en el procedimiento penal la intención de ejercitar la RC.
En líneas generales, la jurisdicción penal se caracteriza porque rige el principio de orden público, ya que entiende de cuestiones necesarias para conversar la paz social. Es por ello que, la toma de decisión y disposición de las partes se encuentra limitada.
 
No sucede lo mismo en el caso de que se quiera ejercitar la RC en el procedimiento penal.
 
Al no operar el principio de orden público y sí el principio de justicia rogada, los que se consideren afectados tienen la capacidad de decidir si desean ejercitar la RC en el procedimiento penal o no.
  • La RC del empresario en el caso de los delitos contra los derechos de los trabajadores.
Puede suceder que la persona condenada penalmente sea la encargada de reparar los daños ocasionados al perjudicado. Es lo que se denomina responsabilidad directa.
 
Ahora bien, no es descartable que el penado no sea el único que deba asumir también la RC.
 
Existe la posibilidad de que, además, del penado sea otro sujeto quien la asuma. Eso sí, una vez que el penado (responsable directo) no haya cumplido con su obligación indemnizatoria.
 
En este último caso, la responsabilidad no es calificada como directa, sino subsidiaria.
 
Centrándonos en el caso de los delitos contra los derechos de los trabajadores, el responsable penal y civil será una persona física (por ejemplo, un mando inter-medio, el administrador, etc.) 
 
Por extraño que parezca, la responsabilidad penal no recaerá en el empresario, siendo indiferente que sea persona física o jurídica3, mientras que sí deberá asumir la RC subsidiaria.
 
Uno de los presupuestos necesarios para que exista RC subsidiaria es que haya mediado relación laboral entre el empresario y el autor del delito4.
 
En resumen, lo determinante para el nacimiento de la RC subsidiaria es que entre las partes haya existido cierto grado de dependencia en el ámbito del trabajo. 
 
No se puede concluir el presente artículo, sin recalcar una serie de aspectos a tener en cuenta para considerar la concurrencia de RC subsidiaria empresarial: 
  1. Que, la empresa haya obtenido un beneficio por la comisión del delito. 
  2. Que, el trabajador haya actuado mediando culpa (falta de intencionalidad de producir el daño).
  3. Y que el trabajador se haya extralimitado o desobedecido las funciones in-cardinadas en el ejercicio normal o anormal de la actividad empresarial.
 
1 Artículo 109 del Código Penal (en adelante, CP).
2 Artículo 110 del CP.
3 Artículo 318 del CP.
4 Artículo 120.4º del CP.
 
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