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Estas son las posibles implicaciones legales si la prevención de riesgos laborales no es la primera prioridad en la cultura corporativa

16 de Febrero

Está de moda la implantación de en las organizaciones empresariales con indiferencia de su tamaño y actividad. Entre todas estas goza de especial importancia la denominada cultura corporativa, cuya finalidad, en esencia, es la transmisión de su personalidad y valores a sus propios trabajadores y a... >> Ver Más

 
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Noticias Sociedad de Prevención

Estas son las posibles implicaciones legales si la prevención de riesgos laborales no es la primera prioridad en la cultura corporativa

cultura corporativa - prevención de riesgos laborales

Está de moda la implantación de <culturas> en las organizaciones empresariales con indiferencia de su tamaño y actividad. Entre todas estas <culturas> goza de especial importancia la denominada cultura corporativa, cuya finalidad, en esencia, es la transmisión de su personalidad y valores a sus propios trabajadores y a terceros.

Sobre el papel, la cultura corporativa de las empresas es algo positivo, pues da una buena imagen global, la hace más humana y más cercana a las personas. Por lo general, la cultura corporativa está conformada por diversas obligaciones que la organización empresarial sea autoimpone o son impuestas legal o convencionalmente.

Respecto al segundo tipo de obligaciones, resulta cuanto menos curioso las firmes declaraciones o manifiestos de las empresas de su fiel compromiso de cumplimiento, como dejando entrever que gozan de la potestad o facultad de cumplirlas o no y, que, gracias a ello, finalmente, se han decantado por cumplirlas.

Para el cumplimiento de la cultura corporativa se ha hecho necesario que las organizaciones empresariales vengan imponiendo políticas (también se puede hablar de una <<cultura de políticas empresariales>>), que por su cantidad resulta imposible poder llevarlas a cabo al mismo tiempo.

Dicha imposibilidad, ha conducido a fijar prioridades para la implantación de políticas y que, en la mayoría de las ocasiones, en su cúspide están las que reportan un beneficio económico directo a corto plazo en detrimento de otras no tan tangibles pero cuya inobservancia a largo plazo puede tener más transcendencia para la empresa.

En muchas ocasiones las empresas priorizan implantar políticas de papel cero, realizar patrocinios de causas benéficas (eventos deportivos, proyectos sociales, formaciones, fundaciones, etc.), prestar servicios pro bono, mientras que quedan relegadas a un segundo plano la implantación eficaz y eficiente de las medidas en materia de Prevención de Riesgos Laborales (PRL).

Visión a largo plazo.

Ahora bien, el orden de prioridades sería diferente si las empresas tuvieran una visión a largo plazo y fueran conscientes de cuáles serían las implicaciones legales derivadas de incumplimientos relativos a la PRL.

En efecto, dejando de lado los casos (los menos) en que existan causas atípicas (fuerza mayor o caso fortuito), lo cierto y verdad es que el incumplimiento en materia preventiva y con independencia de que se materialice o no en un accidente de trabajo (AT) o en una enfermedad profesional (EP), podría dar origen a implicaciones legales para la empresa de muy diferente e importante naturaleza.

Lo primero que suele suceder cuando se detecta un incumplimiento preventivo por parte de la Administración, es que se produzca la visita de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social (ITSS) al lugar de los hechos.

Su cometido es conocer lo sucedido de primera mano. Sin perjuicio de otras labores de investigación que pueda realizar posteriormente, como son análisis de documentación preventiva, interrogatorio de trabajador afectado y testigos, comparecencia de la empresa, etc.

Finalizada esta labor, es posible que la ITSS considere que el supuesto de hecho suponga un incumplimiento de la normativa preventiva (con independencia de que haya habido un AT o EP) y que sea subsumible en alguno de los ilícitos administrativos recogidos en la Ley de Infracciones y Sanciones en el orden social (LISOS).

De ser así, este organismo público instará de oficio el inicio del oportuno procedimiento administrativo sancionador, proponiendo la imposición de una sanción de multa (y también una sanción accesoria en los menos casos). La sanción se impondrá, salvo que la empresa haya conseguido desvirtuar los hechos consignados en el acto administrativo iniciador (Acta de Infracción).

El importe de la multa dependerá del supuesto de hecho, de la calificación de la infracción (leve, grave o muy grave), del grado (bajo, medio o alto) y, por si fuera poco, de las observancias de las circunstancias concurrentes (reincidencia, peligrosidad permanente, incumplimiento de los requerimientos, etc.). Todo ello, con arreglado a lo fijado por la LISOS.

Para concluir esta primera implicación, a tenor de lo dispuesto en la LISOS para las infracciones en materia de PRL, la multa podrá oscilar entre 40 euros a 819.780 euros.

La segunda implicación legal guarda estrecha conexión con la administrativa. Se trata del recargo de prestaciones y se encuentra reservado para los casos en que el incumplimiento preventivo haya derivado en AT o en EP (resultado).

El procedimiento de recargo de prestación es un procedimiento administrativo, pero carece del carácter puramente sancionador a diferencia del abordado anteriormente. Ahora bien, aunque no es tramitado por el ITSS sino por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), en la mayoría de los casos, éste último se basará en la veracidad de los hechos infractores consignados en el Acta de Infracción. Es por ello, que se puede afirmar que el ilícito administrativo y el recargo de prestaciones guardan estrecha relación.

A diferencia del caso anterior de lo que sucede con la responsabilidad administrativa, no es posible cuantificar a cuánto ascenderá el recargo, pero sí conocer la fórmula de cálculo.

La Ley General de la Seguridad Social establece que será del 30% al 50% del importe de la prestación correspondiente por incapacidad que el trabajador percibirá como consecuencia del AT o de la EP.

Confirmada la existencia del recargo, el trabajador percibirá el 100% de la prestación por la incapacidad y además, a través del INSS el correspondiente recargo, una vez capitalizado y abonado por el empresario.

Las implicaciones, consecuencias o responsabilidades legales por incumplir las medidas preventivas no acaban aquí cuando el trabajador ha estado expuesto a un riesgo grave, ha sufrido un AT o padece una EP.

Acciones judiciales privadas: Orden social.

De darse alguno de los casos anteriores, es frecuente que el trabajador entable dos acciones judiciales en el orden social, frente al empresario:

La primera acción será la contenida en el artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores (ET) conocida como la extinción del contrato por voluntad del trabajador. Acción, cuyo ejercicio está aumentando exponencialmente en los últimos tiempos.

En el caso de que el tribunal considere que el empresario ha incumplido gravemente su obligación de velar la seguridad y salud del trabajador, las consecuencias son, por un lado, la finalización de la relación laboral y, por otro lado, el percibo de una indemnización equivalente a si el trabajador hubiera sido despedido improcedentemente.

Sin perjuicio de lo anterior, es posible una tercera consecuencia: la condena al empresario a abonar al trabajador una indemnización por vulneración de alguno de sus Derechos Fundamentales (generalmente, el respeto a la integridad física y moral).

Por último, respecto a este tipo de extinción de la relación laboral, es importante indicar que es compatible con el percibo por parte del trabajador de la prestación por desempleo por parte del SEPE.

Y, la segunda acción que podrá ejercitar el trabajador en el orden social será una acción resarcitoria/indemnizatoria, en la que se reclamará una indemnización por daños y perjuicios ocasionados por sufrir un AT o padecer una EP.

La cuantía de indemnización no está predeterminada, pero si bien se viene atendiendo a las reglas fijadas en el baremo de indemnizaciones reservado para los casos de accidentes de tráfico. En estos casos, resulta crucial contar con la ayuda de un perito que valore el daño corporal y, por ende, que cuantifique el daño sufrido por el trabajador.

Acciones judiciales de interés público: Orden penal.

La última implicación legal por la inobservancia de las reglas preventivas (y no por ello, la menos importante) sería la que se dirime en el orden penal, ya sea por oficio o a instancia de parte.

En la mayoría de las ocasiones, los órganos del citado orden solo intervienen cuando la falta de medidas preventivas ha derivado en un AT o un EP (resultado) y no en los casos en que ha existido un riesgo.

Así, la mayoría de los casos en que se haya producido un incumplimiento preventivo y que de pie a la instrucción de un procedimiento penal será por un delito de lesiones o de homicidio imprudente (resultado) y no por un delito contra la seguridad y salud de los trabajadores (riesgo).

Así las cosas, hay que realizar un apunte importante: Aunque la empresa no pueda resultar penalmente responsable (ninguno de los citados delitos forma parte de la lista imputable a la persona jurídica), sí que podría asumir la responsabilidad civil que se derivase del ilícito penal.

En conclusión, numerosas empresas se deberían replantear el orden de prioridades de su cultura corporativa. Para ello, deberían cambiar el chip, dejando que la prioridad de la implantación de las políticas sea el reporte económico a corto plazo y pase de carácter largoplacista, aunque solo sea para evitar verdaderos quebraderos de cabeza legales y judiciales.  

Autor: Ignacio González Plaza, Socio de ADLER ABOGADOS (adlerabogados.es) y Asesor Legal PS Sociedad de Prevención.

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